Una primera mirada sobre la reciente sentencia en el juicio por la Masacre de La Bomba.

65840631_10159314054398636_2681470450806030336_oUna primera mirada sobre la reciente sentencia en el juicio por la Masacre de La Bomba (1947-2019) – Valeria Mapelman –

La sentencia de la demanda civil por la masacre de La Bomba no es perfecta, pero es un gran paso. Aún no ha sido discutida ni analizada en profundidad en el seno de las comunidades y serán las víctimas, sus hijxs y nietxs quienes opinaran a su debido tiempo si la consideran o no justa, suficiente o aceptable. En cada párrafo resuena la potente presencia de la Federación Pilagá y los nombres de los abuelos y abuelas que abrieron las puertas de sus casas y su corazón para dejarme entrar con la cámara y convertirme en una herramienta útil en el proceso de reconstrucción. Es conmovedor leer esos nombres una vez más en este documento. Comprobar que no fue en vano su esfuerzo y reconocer su enorme valentía.
Declarar en su idioma, y probar los hechos contra todo silencio y violencia, es sin duda exclusivo mérito de este grupo valiente y memorioso, que ilumina el expediente aunque no podamos abrazarlos porque ya no están entre nosotros. Aun asi … Están! Están presentes nuevamente. Debidamente identificados como corresponde a todo instrumento judicial. Están presentes al nombrarlos en voz alta. Esto no deja de ser una gran conquista después de tanto silencio.

Leamos otra vez sus nombres para que el Estado no se “olvide”, ni se atreva a desconocerlos NUNCA MÁS:

Salqoe, Setkoki´en, Haik, Maliodi ´en quien vive a pocos kilómetros del lugar de la masacre, Seechole, Naeron , Ambrosia Gonzalez, Ernesto Gomez, Ayoche, Rogelia Jimenez, Cristina Duarte, y Clara Olmos quien tuvo la oportunidad de declarar hace pocos meses, Alejandro Granada, Julio Suarez, Gavino Acosta, Naketo, Tito y Marcial Quiroga, Alberto Navarrete, Qadeite, Azucena Camacho, Eduardo Alegría, Solano Caballero, Don Rey (y si me olvido der alguien por favor me avisan)

Esta sentencia propone un resarcimiento por los crímenes cometidos que no es solo económico, se trata de una compensación integral que por sobre todas las cosas debería reparar la dignidad de las víctimas y sus descendientes, debería buscar la verdad, pedir que el Estado rinda cuenta sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas, y asegurar su no repetición. La sentencia deja al descubierto que el Estado, teniendo todos los medios económicos y legales para colaborar en la investigación no aporto ningún elemento , sino que se limitó a oponerse sistemáticamente a los testimonios y hasta a la más impresionante prueba de este caso: una fosa común que contenía 27 restos humanos. Pero en mi opinión lo más importante es lo que señala como “hechos probados” y que son aquellos que fueron descriptos con minuciosidad por los y las sobrevivientes de la masacre de forma oral tanto en el juzgado federal como frente a la cámara de video.

Hechos probados:
-Lo ocurrido durante los días previos en el paraje de La Bomba donde se desarrolló una multitudinaria manifestación religiosa y política, en palabras del juez, del “todo inofensiva“, y que fue convocada por Tonkiet (Luciano Cordoba) y contó con la participación de miles de personas. El juez Carbajal concluye que en los días previos “existió un efectivo desarme delos indígenas por medio de requisas y confiscaciones propias de un estado policial y sin ningún tipo de control judicial”
-Quedan probados los fusilamientos del 10 de octubre no solo por los numerosos testimonios de las víctimas, y lo consignado en la revista Gendarmeria Nacional, sino por los documentos Secretos y Reservados emitidos desde el Ministerio de Guerra que acreditan que: “Con fecha 10 del corriente mes, y previa autorización del Sr. Ministro de Guerra se ordenó el desplazamiento de unidades próximas, las que, convenientemente pertrechadas ha marchado ya hacia Lomitas”. Sobre la información vertida en estos documentos en los que se consigna 15 “aborígenes muertos” opina el juez que hubo “absoluta prescindencia por parte de los agentes estatales respecto al Estado de derecho” cuando se informa la muerte de 15 ciudadanos argentinos en manos de las fuerzas de seguridad y ni tan siquiera se menciona su sexo, edad, o su nombre. No se informan las circunstancias precisas de la muerte, ni se los reconoce como ciudadanos con mínimos derechos ni aun luego de su muerte”
-Queda probada la persecución en los días posteriores “desarmados y atacados con el fuego cruzado de dos puestos de ametralladoras e innumerables armas de mano de los gendarmes intervinientes”, y queda probada también la actuación del avión Junker JU52-T153, corroborada por el testigo Setkoki´én (Melitón Dominguez). Y concluye el juez que “La Constitución Nacional y las leyes no regían en La Bomba y el centro oeste del territorio, convertido de hecho en un territorio de persecución contra los integrantes de la etnia sin límites jurídicos y, según lo acreditan los testigos, tampoco limites religiosos, morales o éticos, pues peor – si es ello posible – fue la actuación de los funcionarios estatales en los días siguientes”
-Queda probado el ocultamiento y destrucción de cadáveres por medio del fuego y la destrucción de pruebas con topadoras
-Queda probada la “reducción” de los sobrevivientes en las colonias estatales de Bartolomé de las Casas y Colonia Muñiz, y sobre esto declara el juez: “ Cabe tener por acreditado que existió por parte de las autoridades nacionales la decisión de “reducir” a la población asentada en La Bomba mediante su traslado a la Colonia Aborigen Bartolomé de Las Casas.” Y agrega “La decisión de proceder a la “reducción” coactiva de las poblaciones aborígenes que fue política de la época constituía – sin dudas – una flagrante violación a los derechos constitucionales de la población originaria en cuanto implica una restricción a la libertad y una inaceptable violación de sus derechos individuales y colectivos a decidir su propio proyecto de vida personal y comunitaria.”

Aún es muy pronto para imaginar siquiera el alcance de esta sentencia, ni como reaccionara el Estado argentino a las exigencias del juez, menos aún su impacto histórico o político. Han pasado muchos años desde que este proceso comenzó y hay todavía mucho camino por recorrer.
Envió un abrazo a las comunidades y mis felicitaciones por un logro histórico

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