Las cosas por su nombre: fue gendarmería

Autor: Andrea Barriga

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En el día de la fecha (31 de octubre de 2017), el diario La Nación deja evidenciado, una vez más, el discurso que pretende instalar en la sociedad respecto al accionar de gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, una violenta represión que tuvo como saldo la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. (Estrategia que denunciamos con anticipación en diferentes medios véase: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/26/argentina-santiago-maldonado-la-larga-marcha-hacia-la-verdad/). Trabajan en el armado de un escenario en el cuál las víctimas pasan a ser victimarios. La nota publicada hace unas horas se titula: “Gendarmería: las cosas por su nombre” y el epígrafe reza: “Corresponde que quienes causaron tanto daño y dolor, de modo tan artero y equivocado, ahora expresen públicamente: Perdón, gendarmería”. Me cuesta continuar. Lo macabro no tiene límites. Veamos las cosas como son. Después analicemos quienes tienen que pedir perdón.

Las mentiras se juntan e hilan una sobre otra, creando una narración aberrante. El artículo comienza haciendo alusión “al uso de una muerte accidental”. Esto es falso, es mera suposición ya que AÚN NO ESTÁN LOS RESULTADOS DE LAS PERICIAS, por lo que todavía NO PODEMOS SABER CUÁL FUE LA CAUSA DE MUERTE DE SANTIAGO. No se trata de endilgarle nada a nadie, si hay una “desaparición forzada, seguida de muerte” es el estado el responsable político, sea de la tendencia política que sea quien está ejerciendo en esos momentos el gobierno. En este caso, quien está ejerciendo el gobierno del estado argentino es Cambiemos, y quien representa la Poder Ejecutivo, Mauricio Macri. El código penal de la República Argentina incorporó el siguiente Artículo: “Art. 142 ter: “Se impondrá prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte…”

El artículo, afirmando que se trató de un accidente, pretende deslegitimar el pedido por justicia que estamos haciendo gran parte del pueblo argentino y mapuce, desacreditando a la víctima, a los testigos, a la familia, a los abogados, incluso al mismo juez de la causa, cuya carátula sigue siendo: Desaparición forzada, como bien lo reconoció el mismo diario hace apenas 7 días: “En ese sentido, el juez explicó en una entrevista con LA NACION: “El caso caratulado como desaparición forzada no está cerrado porque hay una investigación penal en curso. Para que se cierre tiene que haber una sentencia definitiva. De hecho la autopsia forense se ordenó por pedido de la fiscal en ese expediente, o sea que de por sí hay que esperar su finalización”[1]. Desde entonces no ha habido ningún cambio que legitime la afirmación que fue un accidente.

También hablan de la utilización emotiva que supuestamente se hizo de los pueblos originarios: “Se sacó provecho, además, de la sensibilidad de una parte de la sociedad cuando algo se refiere a los llamados “pueblos originarios””. Como demostraremos, no se “sacó ningún provecho”. La desaparición de Santiago permitió que saliera a la luz el maltrato sufrido por las comunidades indígenas que cohabitan el territorio por parte del Estado y de los Privados que se han apropiado de las tierras de Nuestra Patagonia. Tierras que el Estado Argentino ha vendido a precios irrisorios a empresas como Benetton. Además, también dejó en evidencia que no se respeta la Constitución Nacional, cuyo art. 72 no sólo reconoce la prexistencia de los pueblos originarios, sino que además les otorga las tierras comunales que les pertenece. Por último, no reconoce a los diferentes voceros de los pueblos originarios que también denuncian la violencia ejercida por el Estado. Los mapuce no son niños manipulables. Son mapuce, hermanos con quienes compartimos un territorio, y víctimas de violencia, no perpetradores.

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En consonancia con lo que venimos denunciando que va a pasar, este medio de desinformación acusa a quienes estaban cortando la ruta de “subversivos”, acusación que se hacía durante la dictadura militar para referirse a las personas cuyo destino, en muchos casos, fue el de desaparición forzada, igual que Santiago. Pero hay algo más grave, intenta justificar este tipo de accionar planteando que, quienes estaban cortando la ruta estaban “cometiendo un delito contra el Estado”. A “esta fracción del pueblo mapuche” como la llaman, la asocian directamente con la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Antes que nada, la Pu Lof que cortó la ruta 40 el 1 de septiembre cuando Santiago desaparece en manos de gendarmería, no pertenece a la RAM. En segundo lugar, el único delito que podría decirse que estaban cometiendo era el corte de ruta. Sin embargo, en los videos que se filtraron de gendarmería (prueba que en un principio había ocultado, además de haber negado el ingreso a la comunidad y la llegada de los gendarmes hasta el río, todos hechos sobre los que la evidencia muestran lo contrario) se ve que la ruta fue despejada ANTES de que empezaran a reprimir. Se ve claramente como las ocho personas que estaban haciendo el corte se comienzan a ir ante la llegada de más de cincuenta gendarmes. Además, gendarmería tenía sólo la orden de “despejar” la ruta, no de ingresar a la comunidad. La gendarmería utilizó todo tipo de violencia, los videos hablan por sí mismos[2].

El río Chubut no es un río muy caudaloso, para quien tiene el parámetro del Río de la Plata o el Paraná, el río Chubut más bien le parecería un arroyo. En agosto- septiembre, el río tiene un caudal de agua especialmente bajo, ya que no comenzó aún el deshielo. El lugar en el cuál cruzaron los mapuches y en el que desapareció Santiago, tenía 30 centímetros de agua en esa fecha. Esto lo afirman quienes han hecho diferentes rastrillajes en la zona[3]. Para el momento en que se encontró el cuerpo, el lugar contaba con 1,40 metros de profundidad en una zona sin pozones y escasa corriente. No hace falta nadar para cruzarlo.

Dice al respecto la nota, “Su acompañante no pudo ayudarlo y Maldonado murió ahogado o por hipotermia. Todo su grupo lo sabía, pero guardó el secreto y elaboró la versión y el testimonio de su apresamiento por parte de la Gendarmería, cumpliendo con quienes armaron el libreto de la desaparición forzada”.  Aun cuando Santiago hubiera muerto sin la participación directa de ningún gendarme, la responsabilidad de Gendarmería no desaparece: fue la cacería ilegal desatada sobre los manifestantes lo que los llevó a ingresar al río. Sin embargo, en este punto La Nación incurre en una grave omisión. Porque demás de “guardar el secreto”, también se tuvo que “guardar el cuerpo”: el cuerpo de Santiago no presenta ninguna de las características esperables tras haber estado a la intemperie durante 78 días (sea en el río o en sus orillas, los animales e insectos lo hubieran devorado). Esto lo afirma el Lic. en criminalística Enrique Prueger, quien resolvió el Caso Carrasco. Coinciden con él otros especialistas. El bochorno será indecible cuando se establezca, como con toda probabilidad las pericias establecerán, que o bien Santiago murió mucho después del 1 de agosto, o bien que su cuerpo fue conservado artificialmente.

Pero el terreno ya está armado, cuando se conozca la data de muerte, dirán que el cuerpo lo tenían los mapuche (para profundizar sobre la poca sustentabilidad de este enfoque leer http://www.sinpermiso.info/textos/santiago-maldonado-entre-la-montana-de-mentiras-y-la-larga-marcha-hacia-la-verdad-en-la-argentina). Y es gendarmería (u otra fuerza estatal) la única que tiene la capacidad logística para mantener a una persona secuestrada o un cuerpo “congelado”, y son quienes están en el poder y sus allegados los que se manejan con mentiras y amenazas (ver http://manoamanonoticias.com.ar/santiago-maldonado-amenazas-de-clarin-al-abogado-de-la-pu-lof-y-un-armado-de-mentiras/ ). La mayoría de las comunidades de la zona fueron allanadas, y en la Pu Lof no hay electricidad.

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Esta noticia miente, y quiere limpiar la cara de una fuerza de seguridad que actúo siguiendo las órdenes de sus superiores y cuya consecuencia fue la desaparición forzada durante 78 días y la aparición sin vida de Santiago Maldonado. No podemos permitir que nos sigan mintiendo. Queremos justicia. Basta de jugar con la desinformación, confundiendo a la gente. No nos dejemos engañar.

Quienes tienen que pedir perdón por todo el daño y las mentiras que han estado divulgando durante tres meses, son ellos. Desde el presidente de la república quien debe velar por la protección de todos los Argentinos (coincidan o no con su ideología), y terminando por los gendarmes que estuvieron en el operativo. También los medios que se han encargado de distraer con mentiras a la opinión pública siendo Clarín, La Nación, Infobae y TN los principales responsables.

Si la Gendarmería Nacional quiere respeto, que no permita asesinos en su interior, mientras tanto Las cosas por su nombre: Gendarmería y el Estado son responsables.

[1]  “Caso Santiago Maldonado: el juez Lleral reasume la causa por “Desapacrición Forzada” que hasta ahora investigaba la fiscal”, Diario La nación, Martes 24 de octubre de 2017.

[2]   https://www.youtube.com/watch?v=0_oHN8Y3QAE

[3]  http://www.politicajudicial.com/santiago-maldonado-lleral-le-tomo-declaracion-al-prefecto-encargado-del-rastrillaje-en-el-rio-chubut/

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