DESALOJO EN VILLA MASCARDI

La Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia que se vive en la zona cordillerana de la Provincia de Río Negro.
Este martes 4 de octubre de 2022 un comando combinado de fuerzas federales han llevado adelante un desalojo contra miembros de la lof Lafken Winkul Mapu. En el desalojo se han llevado detenidas mujeres de la comunidad y se han puesto en riesgo bebés, niñas y niños.
Este desalojo no es un hecho aislado. Es una culminación de un proceso represivo, criminalizador, estigmatizante y violento contra el Pueblo Mapuche de Río Negro que ha ido en escalada.
Resulta un sinsentido leer ciertos hechos de violencia que aún no han arrojado resultados en las investigaciones judiciales por fuera de un contexto más amplio de conflictividad y al margen de los sistemáticos incumplimientos del Estado Argentino y del Gobierno de la Provincia de Río Negro de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Los hechos alrededor de la Comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu no pueden analizarse al margen de los conflictos de las comunidades Quijada, Ranquehue, Tambo Baez y Buenuleo. En todas esas comunidades de la comarca andina de Río Negro el gobierno federal y de Río Negro tienen responsabilidades incumplidas en materia de reconocimiento y titulación de las tierras. La falta de titulación, pese a haber carpetas técnicas de Relevamiento 26.160 y de ausencia de avances en nuevos convenios entre INAI y la provincia son responsabilidad estatal exclusiva. Asimismo la ausencia de una política de investigación de las tierras adjudicadas a terceros conforme la ley provincial 2287 da muestras de que el gobierno de Río Negro no posee voluntad de dar respuesta legal a los reclamos de las comunidades.
Por otro lado, el Poder Judicial de Río Negro tampoco ha dado muestras de ofrecer caminos de pacificación y garantía de los derechos reconocidos al pueblo mapuche en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Muy por el contrario, el Poder Judicial de la provincia ha profundizado el nivel de conflictividad desconociendo el marco jurídico vigente en sus sentencias, promoviendo la imputación penal de los miembros de las comunidades y sancionando a uno de sus defensores, asociado de nuestra organización.
Lamentamos profundamente que la articulación entre el gobierno federal y el provincial haya llegado a acuerdos para la represión y no haya tenido la misma voluntad respecto de coordinar una política acorde a los compromisos internacionales en materia indígena.
Informamos que esta asociación durante 2022 informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales) por la situación de violación de derechos humanos por parte de Argentina para el Exámen Periódico Universal (EPU).
Alertamos que hay grupos y representantes de espacios políticos de la derecha más reaccionaria alentando el enfrentamiento y promoviendo la conflictividad y la represión. Este accionar, sumado a las campañas mediáticas que imputan a todo el pueblo mapuche de violento, no hacen más que generar escenarios que promueven el odio racial y buscan resultados de mayor violencia. No podemos dejar de unir estos hechos de la actualidad a los ocurridos en 2017 con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y en 2021 con Elías Garay. Nos preocupa fuertemente que estas acciones se lleven la vida de otro ser humano.
Es imperioso que se frene todo proceso represivo y se busquen canales de diálogo serios y conducentes para evitar mayores consecuencias irreparables para las personas y las comunidades.
Llamamos a la reflexión a todas las fuerzas políticas y las autoridades estatales ante esta desmedida reacción en el territorio.

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