De zombis y negacionistas.

Autor: Pablo Scatizza

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Este aniversario del golpe de Estado, el número 41, nos sorprende con una serie de embates que -una vez más- están intentando sacudir la ardua construcción de saberes en torno a lo sucedido durante la última dictadura militar. De manera recurrente en los últimos meses, varios grupos de zombis comenzaron a salir al espacio público con ánimos de morder con sus discursos, para volver a instalar un relato, en torno a la dictadura, que nunca dejó de existir y que aún nos rodea. Y, como ya sabe a esta altura del reinado de las series televisivas, la única manera de terminar con ellos es apuntando a la cabeza.

Relato negacionista (o en el menos peor de los casos, relativista) que se ha vuelto recurrente en los últimos 30 años y cuya difusión masiva alienta a que se consolide un sentido común contra el cual es necesario batallar.

Es por eso que creo que es importante, aunque nos repitamos y nos parezca que ya está todo dicho, no dejar de discutir cada razonamiento (?) que niegue o relativice la intensidad del exterminio que caracterizó a esta dictadura genocida, y al mismo tiempo seguir investigando para poder construir cada vez más argumentos con los cuales disparar al cerebro de estos zombis.

Durante el 2016 y lo que va del 2017, varias voces salieron a cuestionar la veracidad y la legitimidad de la cifra/símbolo que se erige hoy como una de las marcas de la memoria más importantes de la última dictadura: los 30.000 desaparecidos.

Libros, artículos, declaraciones públicas de funcionarios y editoriales que envalentonados por el giro a la derecha del país y nuestro continente, no sólo niegan la exactitud de ese número, sino que incluso han puesto en duda la cifra “oficial” que determinó la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984 de 8.960 víctimas.

No es nuevo. Aunque sabemos que el mayor problema no es el número de desaparecidos sino lo que se esconde detrás de su negación: el intento por equiparar esa cifra con la de muertos por la guerrilla, y así justificar la teoría de los dos demonios y relativizar el accionar represivo de las Fuerzas Armadas. Y, al mismo tiempo, construir sentido común respecto a que los únicos que habrían sufrido la represión dictatorial y sus consecuencias fueron los y las desaparecidas, y no millones de argentinos que se vieron afectados por el terror estatal de manera directa o indirecta.

Ante esto, uno podría decir que no se justifica discutir el número ya que hacerlo implicaría entrar en su propio terreno relativista, y que en cambio bien convendría disputar la construcción de sentidos a partir de los aspectos cualitativos de un régimen dictatorial que puso en acción a todo el aparato estatal para exterminar a todo aquél que se opusiera a su proyecto.

Sin embargo, también es necesario rebatir estas afirmaciones negacionistas desde el punto de vista cuantitativo, y demostrar empíricamente que la cifra de 30.000 desaparecidos, el cual ya es sabido que fue “acordada” y “redondeada” a partir de una proyección de las denuncias realizadas y de los centros clandestinos de detención de los que se tenía información, es muy cercana a la real.

Veamos. Cuando la Conadep en 1984 logró recoger información de los 8.960 desaparecidos en todo el país, en la zona del Alto Valle fueron denunciados a la Justicia 48 casos de víctimas de la represión, de las cuales 21 se encontraban (y aún se encuentran) desaparecidas. Hoy, en las causas que actualmente se siguen juzgando por delitos de lesa humanidad en la región, hay 116 casos denunciados, de las cuales unas más de 30 se encuentran desaparecidas (la imprecisión tiene que ver con casos que fueron derivados a otras jurisdicciones). Multipliquemos esto por cada una de las provincias argentinas y hagamos una proyección, teniendo en cuenta que Neuquén no fue una “zona caliente” en la hipótesis represiva de los militares, como sí la región del centro y norte del país donde esas cifras se multiplican por mil.

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Más aún, desde que se retomaron las causas judiciales y se iniciaron nuevas causas luego de la anulación de las leyes de impunidad en 2005, miles de denuncias comenzaron a ser presentadas en los distintos juzgados federales del país. Sí, treinta años después de producido el golpe. Y desde la teoría de la memoria y la historia reciente, no resulta complejo explicar por qué ello fue así. La forma en la que se construyen las memorias de pasados traumáticos está íntimamente ligada a los marcos sociales e históricos que circunscriben a los sujetos en cada momento, y esos marcos no fueron los mismos en los ‘80, que en los ‘90 que en la primera década de este siglo. Sin dudas, a pesar del exhaustivo trabajo de la Conadep, cuando aún no se sabía cuánto tiempo podían llegar a demorar las Fuerzas Armadas en intentar tomar nuevamente el poder y el temor que ello implicaba, varios miles de víctimas fueron identificadas en los años posteriores, y es probable que aún sigan apareciendo. Asimismo, el contexto dado por los juicios por delitos de lesa humanidad que comenzaron la década pasada se convirtió en el marco propicio para que muchas personas y/o sus familias se presentaran ante jueces y fiscales a hacer sus denuncias. Denuncias que aún hoy se siguen recibiendo.

Por otro lado, también es posible inferir la proximidad a la realidad de los 30.000 a partir de los datos que tenían las propias Fuerzas Armadas en plena dictadura. En 1978 -pleno conflicto con Chile por el canal de Beagle-, el espía chileno Arancibia Clavel fue detenido con información en su poder. Parte de ello, un memo dirigido a la DINA, la agencia de Inteligencia de Chile. Este memo, de 8 páginas de extensión que se encuentra en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown, que informa una gran variedad de temas vinculados al gobierno (incluido el dato “de color” de la relación de Graciela Alfano con Massera, y de las joyas, pieles, departamentos y otros “regalos caros” que este le hacía), señala que según la información que este espía pudo obtener del Batallón 601 (la central de Inteligencia del Ejército), se tenían computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a esa fecha.

Si en 1978, aún a cinco años de dejar el poder, las Fuerzas Armadas tenían registrados 22.000 muertos y desaparecidos, no es para nada exagerado proyectar esa cifra a 30.000 para 1983.

Ante esto, ¿cuál es la cifra real? Indudablemente nunca lo sabremos, hasta que las Fuerzas Armadas entreguen sus listados y puedan cruzarse con los que en todos estos años han elaborados los organismos de derechos humanos. Y eso hasta ahora no ha sucedido, y no hay motivos para pensar que pueda suceder.

Hasta entonces, serán 30.000.

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Dos demonios
Otro de los discursos relativistas que han ocupado la escena mediática los últimos meses es, una vez más, la teoría de los dos demonios. Ese relato que ya había sido utilizado por las propias Fuerzas Armadas en 1976 para justificar su asalto al poder, cristalizó institucionalmente en 1983 con los decretos del presidente Raúl Alfonsín (157 y 158) que llevaba a la Junta Militar y a los dirigentes guerrilleros a juicio. Sin embargo, esa representación de dos responsables de la violencia que antecedió al nuevo régimen constitucional se presentaba renga, dado que el primero de esos decretos dejaba establecido que la guerrilla había sido el antecedente de la represión dictatorial, dado que sus dirigentes serían juzgados por el accionar de sus organizaciones entre 1973 y 1983, mientras que la cúpula de las FFAA iría al banquillo por sus acciones entre 1976 y 1983. Es decir, como bien a resaltado Emilio Crenzel en La historia política del Nunca Más, la insurgencia guerrillera desde 1973 sería la que justificaría, tras estos decretos, la toma del poder por parte de las FFAA tres años después, en 1976.

Y a esta institucionalización de la teoría de los dos demonios, el prólogo del Nunca Más haría las veces de catalizador social de un relato que dominó los 80, que nunca terminó de perecer y que hoy resurge con matices. Pero por más vueltas de rosca que se le den, no hay manera de sostener históricamente ese relato. Y es por eso que quienes sostienen su discurso con él, lo hacen apoyados en una narrativa absolutamente sintetizada de la historia de ese período, carente de todo rigor epistemológico, y con un completo desconocimiento teórico respecto del Estado y de la violencia política.

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No hay posibilidad alguna de equiparar la violencia de la guerrilla con la ejercida desde el Estado. ¿Ejerció violencia política la guerrilla insurgente? Sí, y nadie lo niega. Pero esa violencia no formó parte de un plan sistemático de exterminio y aniquilación de la población civil como el que pusieron en práctica las Fuerzas Armadas, el cual lejos estuvo de ser llevado a cabo de manera indiscriminada, sino que estuvo altamente planificado y que afectó a decenas de miles de argentinos de manera directa a través del terror infundido desde el Estado. Y esa planificación incluyó la construcción de un enemigo que quedó lejos de ser solo el guerrillero que supuestamente justificó el ataque dictatorial, sino que fueron militantes y luchadores/as, trabajadores/as, estudiantes, periodistas, religiosos/as, activistas sociales, artistas y todo un universo de hombres y mujeres que el régimen necesitaba aniquilar física o mentalmente, para poder llevar a cabo su propio proyecto político y económico. Y de paso, aterrorizar a la mayor parte posible de la población.

Un plan sistemático que incluyó el secuestro, la apropiación y la desaparición de 500 niños y niñas que en su mayoría aún no sabemos dónde están.

¿Cuál es la medida del horror?

El titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, fue el último, hasta hoy (23 de marzo 2017) que salió a relativizar el accionar de la dictadura. “Lo que pasó fue un caos. La descentralización de la lucha generó un plan caótico, no sistemático. Sistemático fue (el centro de exterminio nazi) Auschwitz. Fue un modelo caótico lo que ocurrió en los 70, fue una desgracia”, dijo el ex carapintada.

Es el nuevo relativismo. No negar la masacre por parte de las FFAA, pero sí el que esa masacre se haya cometido como parte de un plan sistemático con claras características genocidas. Para exculpar así a sus ejecutores que habrían actuado, según esta teoría, de manera alocada, a tientas y a ciegas, sin un proyecto político, económico y social de mediano y largo plazo, y dejando de lado toda responsabilidad civil en su desarrollo. Exculpación que se corona con la sentencia: “No hay nada para reivindicar ni de un lado ni del otro. Lo que hay que encontrar es el sentido de verdad del contexto histórico”.

Así las cosas, se vuelve imperativo no callar. Afortunadamente, un gran número de personas a salido a responder de alguna u otra manera a estos relatos negacionistas, lo cual es gratificante. Hay barreras para contener a los muertos vivientes; seguimos siendo cientos de miles en la calles que, siguiendo las enseñanzas de las Madres, no daremos ni un paso atrás.

pscatizza@gmail.com

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Adjuntamos PDF con el documento en donde se reconocen los 22.000 desaparecidos.

full [Report on Argentina disappeared]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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