La década del 90 presentó una situación por demás adversa para las apuestas de
transformación radical de la sociedad y puso sobre el tablero un inmenso desafío: enfrentarse tanto a un enemigo poderoso que había logrado imponerse a escala global, como al estigma del fracaso (y no sólo la derrota) de las políticas revolucionarias del siglo. Como ha destacado Perry Anderson, a mediados de los años noventa “reinaban en casi todos los países latinoamericanos versiones criollas del neoliberalismo norteamericano, instaladas o apoyadas por Washington: los gobiernos de Carlos S. Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, Salinas de Gortari en México, Sánchez de Losada en Bolivia, etcétera”. En este contexto, aparentemente, “los movimientos sociales que quisieran legitimarse tendrían que asumir esa realidad, es decir, promover sus intereses particulares sin alterar el orden universal de la democracia liberal. En otras palabras, la revolución en el sentido de cambio social radical ligado a la lucha de las clases subalternas, era despojada del marco conceptual de la política entendida como el arte de lo posible”. De allí que la irrupción de los Movimientos de Trabajadores Desocupados y su consigna de Trabajo-Dignidad-Cambio Social vinieran a “patear el tablero” en nuestro país. Aunque no sólo en él. También en otros sitios de Nuestra América se desarrolló un conjunto de movimientos sociales más radicales. Como bien insiste Anderson, “allí se encuentran desde los zapatistas en México y los integrantes del Movimiento Sin Tierra (MST9 en Brasil, a los cocaleros y mineros de Bolivia, los piqueteros de Argentina, los huelguistas de Perú, el bloque indígena de Ecuador, y tantos otros. Esta constelación dota al frente de resistencia de un repertorio de tácticas y acciones, y de un potencial estratégico, superior a cualquier otra parte del mundo”.