A 17 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE SERGIO ÁVALOS: UNA LARGA LUCHA CONTRA EL PODER

LA FISCAL SANDRA GONZÁLEZ TABOADA DEBE SER ENJUICIADA.

La lucha por la aparición de Sergio, por verdad y justicia, también ha sido enmarcada en las denuncias, con pruebas en mano, a quienes han sido artífices de la impunidad. Una de las mayores responsables es la fiscal que durante diez años trabajó para no dejar rastros de los autores de este crimen. Una fiscal que no tomó en cuenta ni a testigos claves, ni a las pruebas que se brindaron durante los primeros años. Tampoco investigó las amenazas a quienes de una u otra manera intentaban sacar a la luz los hechos y exigían esclarecer la desaparición de Sergio. Una causa en la que, lejos de investigar a las fuerzas policiales que oficiaban de seguridad en el boliche, las puso a ellas mismas a “investigar”. Las diligencias y testimoniales sólo en sede policial, una paradoja no casual, ya que es esa fuerza policial la que está sospechada. Una causa que demuestra el grado de encubrimiento del poder judicial con el poder político, con las fuerzas represivas y amigos del poder. DURANTE DIEZ AÑOS LA FISCAL TABOADA NO DENUNCIÓ QUE PARTIPARON MIEMBROS DEL EJÉRCITO HACIENDO “ADICIONALES” EN EL BOLICHE. Ese elemento, fáctico por sí mismo y de gravedad institucional, jamás fue denunciado por la funcionaria judicial: ¡¡ESTÁ PROHIBIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE QUE MIEMBROS DEL EJERCITO REALICEN ESAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA!!!

La familia de Sergio y organizaciones sociales han solicitado, con pruebas en mano, el Jury de enjuiciamiento de la fiscal, pero el poder político de Neuquén y la Comisión Especial de Enjuiciamiento – integrada por representantes de la Legislatura, del Tribunal Superior de Justicia y del Colegio de Abogados- cerraron filas y rechazaron el pedido sin investigación alguna.

En 2014, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que el crimen de Sergio es una Desaparición Forzada de Persona, y que es de Lesa Humanidad, por existir aquiescencia del Estado. En aquel dictamen realizaba una síntesis de las irregularidades en la investigación que a continuación detallo:

– La seguridad del local bailable estaba integrada por personal policial, miembros del ejército y ex militares pinochetistas, todos ellos interconectados a través de un mecanismo de comunicación portátil. Además, el establecimiento estaba provisto de un sistema de vigilancia compuesto por varias videofilmadoras. Sin embargo, las cámaras de seguridad estuvieron apagadas gran parte de aquella noche y los propios casettes no fueron remitidos oportunamente a la justicia.

– El personal policial y militar que trabajó en esa fecha manifestó que no hubo disturbios durante esa noche en el local, declaraciones que se contradicen con las ofrecidas por otros testigos de la causa. Por ejemplo, uno de ellos denunció que esa misma noche fue privado ilegítimamente de la libertad, encerrado, arrojado al suelo y torturado, con un producto arrojado a sus ojos que le produjo ardor e irritación. Otros declararon saber por terceros que «agarraron a un chico que estaba por salir y se lo llevaron adentro» que tendría las características físicas de Ávalos, que «… a Sergio lo golpearon por haber visto o escuchado algo y se les fue la mano al personal de seguridad» (testimoniales en el propio expediente).

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