PLEBISCITO NACIONAL Y PODER CONSTITUYENTE EN CHILE

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En octubre de 1980, hace exactamente 40 años, el general Augusto Pinochet hizo promulgar en Chile –un Chile bajo shock, férreamente disciplinado por el terrorismo de estado– una nueva constitución con maquillaje plebiscitario. Una constitución regresiva, reaccionaria, confeccionada a medida del autoritarismo político, el neoliberalismo económico y el conservadurismo cultural de la dictadura implantada a sangre y fuego, manu militari, en septiembre de 1973.

Nostálgicamente inspirada en la constitución portaliana de 1833, en el paternalismo pelucón de mano dura, fue pergeñada por una comisión y un consejo de expertos acólitos, designados a dedo –sin sutilezas ni rubores– por el propio gobierno golpista. Su artículo octavo, inspirado en la Doctrina de la Seguridad Nacional entonces de moda, sigue siendo tristemente recordado a pesar de su derogación. Comenzaba así: “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”. Anticomunismo visceral, ultraderechismo con vocación de cruzada hemisférica a tono con los tiempos de la Guerra Fría. No en vano Pinochet –quien era profesor de geopolítica aparte de militar y dictador– llamó a su orden político, con cínico eufemismo, “democracia protegida”. ¿Protegida de qué? “Del expansionismo soviético, […] el mayor adversario que enfrenta el mundo y la civilización occidental y cristiana” (Visión futura de Chile, 1979).

Pero la cláusula «antisubversiva» del art. 8 no iba sola. La creación del siniestro COSENA –pesadilla distópica hecha realidad– y la inamovilidad de las comandantes de las Fuerzas Armadas como «garantes de la institucionalidad» la complementaban y reforzaban ampliamente. A todo eso súmesele los senadores vitalicios designados discrecionalmente por el Ejecutivo y la prerrogativa del presidente de disolver por una vez la cámara baja del Congreso, presuntos «diques de contención» a los «excesos demagógicos» del parlamentarismo, otro de los desvelos del pinochetismo. Y no nos olvidemos de la entronización del principio de subsidiaridad del Estado, la «gran panacea nacional» que el neoliberalismo made in Chicago le prometía al pueblo trasandino, y que tanto daño le ha causado a los sistemas públicos de educación, salud y previsión social desde entonces.

Al articulado constitucional se le adosó una batería de disposiciones provisorias, a los efectos de «legitimar» la perpetuación del régimen de facto otros ocho años más. La nueva ley suprema fue aprobaba de forma express por un plebiscito amañado, sin vigencia de la ley electoral, sin escrutinio público del recuento de votos, con los partidos proscriptos, con la prensa amordazada por la censura, en un contexto intimidatorio de estado de excepción, de estado policial. La constitución pinochetista entró parcialmente en vigencia en marzo del 81, con su régimen transitorio meticulosamente planificado a corto y largo plazo. Comenzó a regir plenamente en marzo de 1990, cuando Pinochet dejó el Palacio de La Moneda y se restauró formalmente la democracia con la asunción del presidente electo Patricio Aylwin.

Pese a las sucesivas enmiendas o reformas parciales que se le introdujeron desde 1989 hasta hoy (51 en total), la Constitución del 80 sigue lastrando aberraciones jurídicas y políticas. Enumerarlas todas sería imposible aquí, por razones de espacio y oportunidad. Pero quisiera detenerme en una que se corrigió recién a fines del año pasado, tras la revuelta popular del Chile Despertó: la ausencia de un mecanismo explícito que habilite el reemplazo in totum de la carta magna actual por otra. La Constitución de 1980 preveía un dispositivo para efectuar enmiendas, reformas parciales, pero no la posibilidad de que el pueblo se diera una nueva ley fundamental que refundara la república. Esto se remedió morosamente con la ley 21200, sancionada en diciembre de 2019 bajo la presión del pueblo masivamente movilizado en las calles.