16 AÑOS DE IMPUNIDAD GARANTIZADA POR EL ESTADO

Autor: Pablo Krahulec.

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16 AÑOS DE IMPUNIDAD GARANTIZADA POR EL ESTADO

El 14 de Junio se cumplirán 16 años desde que Sergio Ávalos fue visto por última vez en el interior del local bailable conocido como Las Palmas, en Neuquén Capital. Desde aquella madrugada del 14 de junio de 2003 sólo existe una certeza: Sergio ha sido víctima de sus captores pero también de una red de encubrimiento por parte de los poderes del Estado provincial.

A principios de 2003 Sergio dejaba su pueblo natal del interior neuquino, Picún Leufú, para comenzar sus estudios de Contador en la Facultad de Economía y Administración de la UNCo y se albergaría en las residencias universitarias del Barrio Santa Genoveva. Para el 13 de junio ya había coordinado con su familia viajar el fin de semana a Picún ya que se avecinaba el día del Padre y el cumpleaños de su hermana Mercedes. En la noche del viernes 13 de junio, se juntó con algunos compañeros de la residencia para dirigirse al local bailable El Fuerte – Las Palmas, ingresando  a las 3:10 AM. La última vez que lo vieron en el interior del boliche fue a las 7 AM y desde aquel momento la familia sólo tropezó con obstáculos que los poderes del Estado Provincial se encargaron de instrumentar.

Diez años en la Justicia Provincial para encubrir…

La causa judicial estuvo una década en manos de la fiscal Sandra González Taboada, quien fuera denunciada por la propia familia como una de los artífices del encubrimiento de los captores de Sergio y perpetradora de impunidad. La familia de Sergio ha solicitado, con pruebas en mano, el Jury de enjuiciamiento de la Fiscal, pero el poder político de Neuquén y la Comisión Especial de Enjuiciamiento – integrada por representante de la Legislatura, del Tribunal Superior de Justicia y del Colegio de Abogados- rechazó el pedido sin investigación alguna. En cambio, la ascendieron en su carrera judicial.

En 2014, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que el crimen de Sergio es una Desaparición Forzada de Persona, y que es de Lesa Humanidad, por existir aquiescencia del Estado. En aquel dictamen realizaba una síntesis de las irregularidades en la investigación que a continuación detallo:

– La seguridad del local bailable estaba integrada por personal policial, miembros del ejército y ex militares pinochetistas, todos ellos interconectados a través de un mecanismo de comunicación portátil. Además, el establecimiento estaba provisto de un sistema de vigilancia compuesto por varias videofilmadoras. Sin embargo, las cámaras de seguridad estuvieron apagadas gran parte de aquella noche y los propios casettes no fueron remitidos oportunamente a la justicia.

– El personal policial y militar que trabajó en esa fecha manifestó que no hubo disturbios durante esa noche en el local, declaraciones que se contradicen con las ofrecidas por otros testigos de la causa. Por ejemplo, uno de ellos denunció que esa misma noche fue privado ilegítimamente de la libertad, encerrado, arrojado al suelo y torturado, con un producto arrojado a sus ojos que le produjo ardor e irritación. Otros declararon saber por terceros que “agarraron a un chico que estaba por salir y se lo llevaron adentro” que tendría las características físicas de Ávalos, que “… a Sergio lo golpearon por haber visto o escuchado algo y se les fue la mano al personal de seguridad” (testimoniales en el propio expte).

Otra testimonial da cuenta de que personal de seguridad del lugar habría golpeado salvajemente a una persona en el baño, el mismo día y aproximadamente a la misma hora en que Sergio Ávalos fue visto por última vez.

A su vez, también existe una declaración testimonial de una persona que expresa que se encontró con alguien que habría visto a Ávalos muy lastimado y cautivo por personas pertenecientes a la fuerza. No obstante, al ser contactado el testigo directo, fue imputado por el hecho.

A la vez, un empleado del local bailable habría sido enviado a limpiar restos de sangre en la oficina de seguridad.

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Por otra parte, se tomó conocimiento de la existencia de una llamada efectuada desde la ciudad de Necochea al Hospital Regional de la ciudad de Neuquén que habría dado cuenta de que Ávalos habría sido golpeado por personal de seguridad del local bailable y subido a un vehículo. Los funcionarios del poder judicial, al ir a buscar el libro de guardia a la Comisaría 1° de Nqn, advirtieron que a éste le faltaban varias fojas, entre ellas aquella en la que se asentó tal comunicación.

Sin embargo, pese a todas estas evidencias, después de más de diez años la investigación dirigida por la fiscal seguía caratulada como “averiguación de paradero”.

Cabe destacar que la investigación en fuero provincial fue llevada adelante por la misma fuerza policial provincial que actuaba como responsable de seguridad en el local bailable del que desapareció Ávalos. En el expediente no obraban los antecedentes de los agentes estatales ni del personal de seguridad, ni sus legajos. Las declaraciones de éstos fueron tomadas por la policía provincial, es decir, por sus pares. Por otra parte, la hipótesis desarrollada como línea de investigación se centró en determinar supuestas responsabilidades en el entorno de la víctima y, en cambio, omitió ahondar en la participación de la policía provincial y/ o del ejército. Asimismo, se han detectado serias irregularidades de procedimiento en el sub examine como, por ejemplo, la evidente falta de foliaturas, anexos y fojas.”, expresaba la Procuradora General de la Nación a fines del 2014, avalada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia.

Si la causa no pasaba a fuero federal y no se reconocía la desaparición forzada de Sergio, la causa hubiera prescripto. La familia, estudiantes de la UNCo y organizaciones sociales fueron los únicos que lucharon por este cambio de carátula.

¿Qué cambió en la Justicia Federal?

La investigación la lleva adelante desde hace cuatro años un juez que rechazó a aceptarla en primera instancia, por lo que la Corte Suprema de Justicia debió resolverlo. Un juez y un fiscal del fuero federal que no han imputado a ningún responsable material de la desaparición de Sergio, pese a que la querella ha solicitado, con pruebas solventes, la imputación de al menos siete personas, algunas de ellas con altos cargos en las fuerzas de seguridad en los últimos años. El fiscal federal José María Darquier obtuvo recientemente su jubilación sin haber llevado adelante investigación alguna. Incluso se ha opuesto a lo que, en soledad, ha investigado y dado pruebas la querella para avanzar en imputaciones.

El juez Villanueva se ha mostrado ávido y diligente para recibir las órdenes del ministerio encabezado por Patricia Bullrich, criminalizar al pueblo mapuche y resguardar a las fuerzas que reprimieron y son responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Sin embargo, en nada ha avanzado sobre quienes desaparecieron a Sergio.

NUESTRA HISTORIA RECIENTE NOS PERMITE AFIRMAR QUE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS SÓLO ES POSIBLE CON LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES ESTATALES. LA DESAPARICIÓN DE SERGIO ES UN CRIMEN DE ESTADO, DE GRAVEDAD INSTITUCIONAL Y QUE SÓLO SE MANTIENE VIGENTE POR LA LUCHA INCLAUDICABLE DE LA FAMILIAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y ESTUDIANTILES.

PERO TAMBIÉN NUESTRA HISTORIA RECIENTE NOS HA ENSEÑADO QUE LA LUCHA EN LAS CALLES NOS PREMITIRÁ AVANZAR HACIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA, Y QUEBRAR LA IMPUNIDAD GARANTIZADA POR EL ESTADO.

Pablo Krahulec. Activar Junio del 2019.

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