.. Concomitante con todo ello, nos interesa agregar un elemento que, a nuestro criterio, ha signado la vida del sindicato. Ese factor es, un sustrato cultural común a todas las tendencias políticas que habitaron –y habitan- Aten; el multicolor abanico político que ha transitado (y transita) el sindicato, remite a un fondo cultural común; ese fondo común es el de la cultura de la resistencia (65). Desarrollada en adversas y trágicas condiciones históricas en el país, en la provincia había anclado particularmente en el terreno de la defensa de los derechos humanos y resultado ser relativamente eficaz al momento de enfrentar los planes de ajuste (el rechazo a la implementación de la estructura de la Ley Federal de Educación y la férrea y persistente defensa de la salud pública quizás sean sus mayores logros); válida y hasta eficaz en determinados momentos, fue capaz de rechazar, pero no de crear; afincada en lo que las circunstancias históricas le permitieron desarrolló “la oposición a…”, el “vamos contra…” mediante la unilateralidad en las formas de la lucha: el paro de actividades, el corte de puente. Y por lo mismo, entonces, es una cultura de la protesta que siempre corre detrás de las medidas dispuestas por el Estado y sus instituciones, con muchas dificultades para crear espacios y tiempos propios, una cultura de la reacción más que propositiva, con una visión binaria y voluntarista del funcionamiento social (buenos y malos, blanco o negro) que trae aparejado el enfrentar el conflicto social como si se estuviera en un continuo estado terminal; cultura de la abnegación, la entrega y el sacrificio militantes, marcada por el voluntarismo político de torcer el rumbo de las cosas haciendo de cada conflicto el escenario final de la historia y, por todo ello y sin proponérselo, más proclive -al decir de Tarcus- “a las derrotas heroicas que a los triunfos parciales”.
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La Fiscalía Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, a cargo Marcelo Alejandro Rapoport, requirió la detención e indagatorias de 26 militares en la causa que investiga las torturas y malos tratos que sufrieron los soldados conscriptos por parte de sus superiores. Esta medida ya había sido solicitada reiteradamente por el centro de ex combatientes de Malvinas y acompañada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como querellantes del proceso judicial. Once años después de iniciarse la causa, esta decisión de la fiscalía obliga a extremar los recursos para avanzar por el camino de la justicia y reparar a las víctimas. Continuar leyendo 
